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Las deudas resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.

En el caso de deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

1. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
2. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda deberá efectuarse en los siguientes plazos:

1. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
2. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, no obstante. la Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses.

Cuando el obligado al pago no abona la deuda en periodo voluntario, se inicia la recaudación en periodo ejecutivo de acuerdo al artículo 161.1 de la Ley General Tributaria. Es decir, la recaudación se efectúa por el procedimiento de apremio mediante la notificación de una providencia de apremio (el acto por el cual la Administración ordena la ejecución contra el patrimonio del deudor), en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos del período ejecutivo, a los que se refiere el artículo 28 de la Ley General Tributaria, y se requerirá al obligado para que efectúe el pago. La providencia de apremio tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios. 

Si el obligado al pago no efectuara este dentro del plazo indicado en la sección correspondiente de la presente página para el período ejecutivo, se procederá al embargo de sus bienes y derechos en cuantía suficiente para cubrir:

• El importe de la deuda no ingresada.
• Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro.
• Los recargos del período ejecutivo.
• Las costas del procedimiento de apremio.

El procedimiento de apremio, como todo procedimiento administrativo, puede ser objeto de recurso y/o suspensión y termina:

• Con el pago de la cantidad debida.
• Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago.
• Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa.

La forma y requisitos de la suspensión del procedimiento de apremio serán los previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones económico-administrativas y esta será automática, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido un error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago.

RECARGOS

Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.

• El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
• El recargo de apremio reducido será del diez por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto para el período ejecutivo en la sección de plazos de la presente página.
• El recargo de apremio ordinario será del veinte por ciento y será aplicable cuando la deuda resultase impagada transcurridos los plazos anteriores.

El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

INTERESES DE DEMORA

El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados al pago y a los sujetos infractores, entre otros, en los siguientes supuestos: 

• Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado.
• Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente.
• Cuando se inicie el período ejecutivo.
• Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente.

El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado. Asimismo, será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquel resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento.

COSTAS

Son los gastos que se originen durante el desarrollo del procedimiento de apremio (gastos de envíos postales, gastos de anotaciones de embargo en los registros públicos correspondientes, los que deban abonarse por depósito y administración de los bienes embargados, etc). Han de ser pagados por el obligado al pago.

EMBARGOS

El embargo deberá respetar siempre el principio de proporcionalidad, debiendo embargarse bienes y derechos del obligado hasta que se cubran la deuda no ingresada, los intereses de demora, recargos del periodo ejecutivo y costas del procedimiento de apremio. 

Es posible ampliar la información sobre embargos en la sección específica de embargos de la web.

Las deudas que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado al pago, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.

La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. 

Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La Agencia podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.

Es posible ampliar la información sobre aplazamientos o fraccionamientos  en la sección específica de pagos de esta web.

El procedimiento de apremio, como todo procedimiento administrativo, puede ser objeto de revisión.

Recurso de reposición: ante el Subdirector General del Área de Recaudación de la ACAT, en el plazo de UN MES a contar desde el día en que se reciba la notificación de la providencia de apremio.

Reclamación económico-administrativa: ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria o, en el caso de ingresos de derecho público del Gobierno de Cantabria y de su Administración Institucional, así como ingresos de derecho público de Entidades Locales que hubiesen delegado la gestión y recaudación de los mismos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, ante la Junta Económico-Administrativa de Cantabria, sin que pueda simultanearse con el recurso de reposición, en el plazo de UN MES a contar desde el día en que se reciba la notificación de la providencia de apremio, mediante escrito dirigido a la Subdirección General del Área de Recaudación de la ACAT, la cual lo remitirá al órgano económico-administrativo competente.

LA MERA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN O RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA CONTRA LA PROVIDENCIA DE APREMIO NO SUSPENDERÁ EL PAGO DE LA MISMA.

Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, el procedimiento de recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquel y la notificación al sucesor del requerimiento para el pago de la deuda y costas pendientes del causante, con subrogación a estos efectos en la misma posición en que se encontraba el causante en el momento del fallecimiento.

Disuelta una sociedad, entidad o fundación, el procedimiento de recaudación continuará con sus socios, partícipes, cotitulares o destinatarios, que se subrogarán a estos efectos en la misma posición en que se encontraba la sociedad, entidad o fundación en el momento de la extinción de la personalidad jurídica.

En ambos casos se notificará al sucesor requiriéndole el pago de la deuda.

Las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras. Las sanciones tributarias por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se transmitirán a los sucesores de las mismas en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley General Tributaria. Tampoco se transmitirá la obligación de pago del responsable, salvo que antes del fallecimiento se hubiese notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad al fallecido.

Los plazos de pago varían según que el fallecimiento o la extinción de la personalidad jurídica se produzca en uno u otro momento.

• Si el fallecimiento del obligado al pago o la extinción de la personalidad jurídica se producen dentro del período voluntario, se requerirá al sucesor para que realice el pago dentro del plazo para el pago en período voluntario según lo indicado en la sección de plazos para el pago correspondiente de esta misma página.
• Si se producen antes de la notificación de la providencia de apremio, se notificará al sucesor dicha providencia, teniendo en ese caso como plazo el indicado para período ejecutivo en la sección de plazos para el pago de esta misma página. Si se realiza el pago antes de la notificación de la providencia de apremio, se le exigirá el recargo ejecutivo.
• Si se producen una vez notificada la providencia de apremio al obligado al pago y antes de la finalización del plazo indicado para período ejecutivo en la sección de plazos para el pago de esta misma página, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio reducido del diez por ciento en dicho plazo, con la advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente, incluido el recargo de apremio reducido del diez por ciento, en dicho plazo, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del veinte por ciento.
• Si se producen una vez finalizado el plazo indicado para período ejecutivo en la sección de plazos para el pago de esta misma página, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio ordinario (del veinte por ciento) en los plazos establecidos en dicha sección.

La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. Salvo que una ley establezca lo contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria y alcanzará a la totalidad de la deuda exigida en periodo voluntario (no a las sanciones, salvo las excepciones previstas en la ley).

Serán responsables solidarios del pago de la deuda pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Agencia, las siguientes personas o entidades:

• Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Agencia.
• Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
• Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.
• Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.

En el caso de responsabilidad subsidiaria, se requiere que previamente sean declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios si los hubiera.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

El procedimiento se inicia de oficio por la Administración. El procedimiento de declaración de responsabilidad se inicia mediante acuerdo que se notifica al interesado concediendo trámite de audiencia de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación.