RECURSOS

El artículo 6 de la Ley General Tributaria dispone que "El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tienen carácter reglado y son impugnables en vía administrativa y jurisdiccional."

En la notificación de los actos tributarios se indican los recursos procedentes frente a ellos, el plazo para interponerlos y el órgano ante el que deben formularse. Y además, cuando exista comprobación de valores por parte de la Administración Tributaria de los bienes y derechos transmitidos y el contribuyente no esté conforme con la misma, podrá promover el procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria.

  • RECURSO DE REPOSICIÓN

    El recurso de reposición tiene por objeto impugnar los actos dictados en materia de tributos propios del Gobierno de Cantabria o cedidos por el Estado, cuando se está en desacuerdo con los mismos. Deberá interponerse, en su caso, con carácter previo a la reclamación económico-administrativa.

    El plazo para la interposición del recurso de reposición es de 1 MES desde la notificación del acto o resolución.

    La forma de Interponer el recurso de reposición siempre será a solicitud del obligado tributario, acompañando de la documentación que sirva para fundamentar el derecho del recurrente, a través de una de las siguientes vías:

    En el escrito de interposición del recurso de reposición se hará constar: 

    • Identificación de los obligados tributarios en las liquidaciones objeto del mismo: nombre, apellidos o razón social, NIF, domicilio a efectos de notificaciones y, si lo estima oportuno, teléfono de contacto.
    • Identificación de las liquidaciónes (Ejemplo: 0102000..., 0152000...) y/o del expediente del Impuesto (Ejemplo: TRANSMI EH390- 20--/-----): en caso de recurrir sólo contra una o varias liquidaciones del total de las que integran el expediente, habrá que hacer constar el nº de las mismas.
    • Reserva o interposición de Tasación Pericial Contradictoria: de forma simultánea a la interposición del recurso de reposición, puede interponer, o reservarse el derecho de hacerlo, una Tasación Pericial Contradictoria, siempre en corrección de los medios de comprobación fiscal de valores señalados en el artículo 57, dentro del plazo señalado anteriormente para interponer el recurso. La solicitud o la reserva del derecho a promover Tasación Pericial Contradictoria determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma (art. 135 de la Ley 58/2003).
    • Solicitud de suspensión: en el mismo escrito de interposición de recurso de reposición (o de forma separada), podrá solicitar la suspensión del ingreso de las liquidaciones de acuerdo con lo establecido en artículo 224 de la Ley 58/2003. Dicha suspensión no será necesaria en el caso de interposición o reserva del derecho a promover Tasación Pericial Contradictoria.
    • Alegaciones, Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho: alegaciones objeto del propio recurso, así como fundamentos legales o cualesquiera justificaciones o pruebas que procedan.
    • Fecha y firma del obligado tributario o quien lo represente: en este último caso, hacer constar los datos y adjuntar copia del documento que acredite su representación.

    FASES DEL PROCEDIMIENTO:

    Presentar el escrito de interposición del recurso de reposición telemáticamente o presencialmente en el registro del órgano competente o en cualquier otra oficina administrativa del Estado, de otras Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales y en el plazo reglamentario.

    El órgano competente para resolver (el que dictó el acto recurrido), notificará al recurrente la resolución del recurso de reposicion en el domicilio indicado por éste a tal efecto, en el plazo de 1 MES, a contar desde el día siguiente de su presentación. Transcurrido el plazo de 1 MES desde la interposición sin obtener respuesta, el interesado debe entender desestimado el recurso.

    RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA LA RESOLUCIÓN:

    Contra la resolución del recurso de reposición se podrá interponer reclamación económico-administrativa:

    • Ante la Junta Económico-Administrativa del Gobierno de Cantabria en los tributos propios. (C/ Hernán Cortes, 9, 39004 - Santander. Teléf: 942 20 75 35)
    • Ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria en los tributos cedidos. (C/ Juan de Herrera, 19, 39001 - Santander. Teléf: 942 31 22 75)

    OBSERVACIONES DE INTERÉS:

    • El recurso de reposición tiene carácter potestativo: puede presentarse reclamación económico-administrativa sin interponerlo previamente, pero no puede simultanearse con ningún otro. En ningún caso su interposición suspende el plazo ingreso.
    • Podrá solicitar la suspensión del ingreso, aportando garantía suficiente.
    • Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso.
  • RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

    La reclamación económico-administrativa tiene por objeto impugnar los actos dictados en materia de tributos cedidos del Estado, los recargos establecidos por la Comunidad Autónoma sobre tributos del Estado y de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando se está en desacuerdo con los mismos.

    La forma de Interponer la reclamación económica-administrativa siempre será a solicitud del obligado tributario, acompañando de la documentación que sirva para fundamentar el derecho del recurrente y ante el órgano administrativo que haya dictado el acto reclamable (ej: Servicio de Tributos en caso de liquidaciones del impuesto de sucesiones, donacioens, etc. o Subdirección General del Área de Recaudación en caso de una providencia de apremio), que lo remitirá al tribunal competente (Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria (TEARC) para los tributos cedidos o Junta Económico-Administrativa de Cantabria para tributos propios) en el plazo de un mes junto con el expediente correspondiente al acto, al que se podrá incorporar un informe si se considera conveniente.

    El plazo para la interposición de la reclamación económico-administrativa es de 1 MES desde la notificación del acto o resolución. En caso de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el mes se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de cobranza.

    FASES DEL PROCEDIMIENTO:

    Se habrá de presentar el escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa en el órgano competente y en el plazo reglamentario.

    El órgano competente para resolver, notificará al recurrente la resolución de la reclamación económico-administrativa en el domicilio indicado por este a tal efecto en el plazo de 1 AÑO, a contar desde el día siguiente de su presentación. Transcurrido 1 AÑO sin obtener respuesta, el interesado deberá entender desestimada su reclamación al objeto de interponer el recurso procedente.

    RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA LA RESOLUCIÓN:

    Contra la resolución de la reclamación económico-administrativa:

    • Si resuelve la Junta Económico Administrativa del Gobierno de Cantabria, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses.
    • Si resuelve el TEARC, según cuantía, procederá recurso de alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses.

    OBSERVACIONES DE INTERÉS:

    • Podrá solicitarse la suspensión de la ejecución del acto impugnado aportando garantía suficiente (aval, depósito, etc.). No se precisará garantía alguna cuando se trate de sanciones tributarias o cuando se aprecie que, al dictar el acto, se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.
  • TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA

    Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación fiscal de valores señalados en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o, cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado (1 MES).

    El interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa. En este caso, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación interpuesta.

    La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla a que se refiere el párrafo anterior, determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma. Dicha presentación se podrá realizar en la ACAT o en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, sitas en los Registros de la Propiedad según competencia territorial

    Será necesaria la valoración realizada por un perito de la Administración cuando la cuantificación del valor comprobado no se haya realizado mediante dictamen de peritos de aquella. Si la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario, considerada en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento de dicha tasación, esta última servirá de base para la liquidación. Si la diferencia es superior, deberá designarse un perito tercero de acuerdo a: 

    • Cada Administración tributaria competente solicitará en el mes de enero de cada año a los distintos colegios, asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidos el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros. Elegido por sorteo público uno de cada lista, las designaciones se efectuarán por orden correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.
    • Cuando no exista colegio, asociación o corporación profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, se solicitará al Banco de España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial.
    • Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por este. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por ciento del valor declarado, los gastos del tercer perito serán abonados por el obligado tributario y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto, aquel tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el párrafo siguiente.
    • El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios mediante depósito en el Banco de España o en el organismo público que determine cada Administración tributaria, en el plazo de 10 días. La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones.
    • Entregada en la Administración tributaria competente la valoración por el perito tercero, se comunicará al obligado tributario y se le concederá un plazo de 15 días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la provisión de los honorarios depositados.
    • La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación que proceda con los límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria.

    RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA LA RESOLUCIÓN

    Reclamación económico-administrativa interpuesta ante el Tribunal Económico Administrativo Regional.

    OBSERVACIONES DE INTERÉS

    • La solicitud de tasación pericial contradictoria produce la suspensión del ingreso de las liquidaciones complementarias, siendo la suspensión automática y sin necesidad de aportar garantías, y genera intereses de demora por el tiempo en que la deuda esté suspendida.
    • En el caso que el interesado se reserve el derecho a promover la tasación pericial contradictoria  por optar primero a interponer recurso de reposición o reclamación económica administrativa, dicho recurso tiene que tener por objeto la insuficiente motivación de la comprobación de valores realizada por la Administración y, además, debe hacer constar expresamente en el propio escrito de recurso de reposición o reclamación económico-administrativa que se reserva el derecho a promover la tasación pericial contradictoria.
  • SUSPENSIONES

    La solicitud de la suspensión tiene por objeto la suspensión automática de la ejecución del acto impugnado a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

    La supensión de la ejecución del acto impugnado puede presentarse al mismo tiempo que el recurso de reposición o la reclamación, pero podría solicitarse en un momento posterior a la interposición del mismo, en cuyo caso, los efectos supensivos se producirán, de concurrir los requisitos pertinentes, a partir del momento de presentación de la solicitud. Es decir, puede solicitarse suspensión relacionada con el recurso  reclamación que aún no ha sido resuelto.

    La forma de solicitar la suspensión del acto impugnado siempre será a solicitud del obligado tributario, unida a la interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, a la que deberá acompañarse el documento en que se formalice la garantía constituida de entre las señaladas en el artículo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se presentará nate le órgano que dictó el acto, que será competente para tramitarla y resolverla. 

    Para las liquidaciones tributarias, las solictudes podrán presentarse ante la ACAT o las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, sitas en los Registros de la Propiedad según competencia territorial.

    OBSERVACIONES DE INTERÉS:

    • IMPORTANTE: Para que se devuelva o libere la garantía, tendrá que haber sido ingresada la liquidación objeto de suspensión junto con los intereses (y recargos) que se hubieran devengado, puesto que la suspensión no tiene efecto liberatorio sobre la deuda. NO se podrá efectuar el pago de la misma con cargo a la garantía presentada.
    • La deuda queda suspendida a partir de la solictud de suspensión, siendo consecuencia de ello que todos los actos de ejecutiva realizados hasta dicho momento son válidos (incluido cualquier embargo).
    • Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática serán, exclusivamente:
    1. Depósito de dinero o valores públicos.
    2. Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
    3. Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.
    • Si el recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte recurrida, quedando obligado el recurrente a ingresar la cantidad restante.
    • Las solicitudes presentadas sin acompañar con el documento en que se formalice alguna de las garantías exigidas se tendrán por no presentadas a todos los efectos.
    • La suspensión se concederá automáticamente por la solicitud o reserva del procedimiento de tasación pericial contradictoria.
  • NORMATIVA

    Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autonómicas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias

    Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

    Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas

    La Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

    La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.

    Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

    Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación

    Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa

    Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del régimen sancionador tributario

    Orden HAP/347/2016, de 11 de marzo, por la que se eleva a 30.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas.